Camilo José Cela, Alfredo Bryce Echenique, Dan Brown, Jorge Bucay, Lucía Etxebarría, Stephen King y John Milton. (Imagen: 20MINUTOS.ES)

Con este título, Federico Heinz, de la Fundación Vía Libre, escribió un artículo acerca de la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen las editoriales las que, junto con la industria discográfica y la cinematográfica, emprenden absurdas persecuciones con el argumento de proteger la propiedad intelectual de los autores.

(Por Federico Heinz) Las editoriales y los sellos discográficos no se cansan de repetir, a quien tenga la mala fortuna de escucharlos, la historia de su importante tarea en pos de la difusión de la cultura. Afirman, sin reirse ni siquiera un poquito, que sin ellos no habría música, ni novelas, ni poesía, que para mantener esa actividad necesitan un copyright cada vez más fuerte y largo, que a menos que se acabe el intercambio de archivos, en cinco años ya no habrá canciones ni películas que intercambiar.

Las palabras son baratas, dicen los sajones, y por eso conviene observar más atentamente lo que alguien hace que lo que dice. En el caso de las editoriales, el episodio alrededor de Horacio Potel no hace más que confirmar que la difusión de la cultura no sólo les importa un bledo, sino que están dispuestos a hacer pagar con la cárcel a aquellas personas que tienen la impertinencia de preocuparse por ella.

Veamos los hechos: en América Latina, los textos de filosofía son prácticamente inaccesibles. No sólo son caros: simplemente no hay. Algunas bibliotecas tienen unos pocos ejemplares, pero nunca suficientes como para satisfacer la necesidad de los estudiantes. Las librerías no los tienen, porque las editoriales apenas destinan, si lo hacen, algunos ejemplares a nuestras tierras. Es comprensible: a diferencia de los autores, no son filósofos, sino gente de negocios, y nosotros somos pobres. Los precios que pueden pedir por los libros en otros mercados son inalcanzables para la inmensa mayoría de los estudiantes, e incluso de las instituciones educativas del continente, así que no es raro que el mercado latinoamericano esté desprovisto.

El que la situación sea comprensible no quiere decir que sea aceptable. En particular, es insoportable para quienes enseñan filosofía. Uno de ellos, un profesor de la Universidad de Lanús llamado Horacio Potel, decidió hacer algo al respecto: comenzó a coleccionar textos en Castellano primero de Nietzsche, luego de Heidegger y de Derrida, y los puso al alcance de sus estudiantes a través de Internet. En pocos años, sus colecciones crecieron no sólo en volumen, sino en beneficiarios: miles de estudiantes de filosofía de habla hispana las consultaban a diario, logrando así una difusión sin precedentes de estas obras: no sólo podían acceder a ellas ahora personas que no podían conseguirlas, sino también personas que no podrían leerlas aún si las tuvieran en sus manos: ciegos y discapacitados de distintos tipos tenían ahora a su alcance maleables textos digitales que podían ser adaptados a sus necesidades.

La reacción de la industria editorial frente al trabajo de Potel tiene todos los visos de extremismo y sociopatía que caracterizan a sus primas, la industria discográfica y la cinematográfica: iniciar una denuncia penal contra una persona que, sin fines de lucro, cumplía con una labor de divulgación de la cultura que la industria misma no estaba dispuesta a cumplir. En su visión, si las editoriales deciden no poner los textos al alcance de ciertas personas (las que vivan en determinado lugar, las que no dispongan de cierta suma de dinero), el que alguien use otros medios para satisfacer esa necesidad constituye un acto criminal. Como primera consecuencia de esta denuncia, hoy los sitios de Derrida y Heidegger en Castellano están vacíos de contenido (la denuncia original objetaba los tres sitios, hasta que alguien tuvo el buen tino de recordarle a los denunciantes que los derechos de autor de Nietzsche vencieron hace décadas). Afortunadamente almas bondadosas se tomaron el trabajo de duplicarlos en otros servidores.

No sólo es lamentable que la Cámara Argentina del Libro haya reaccionado de tal modo, también lo es que el sistema judicial argentino se ponga a su servicio. Con una celeridad atípica para nuestros fueros, el juez Pablo Raúl Ormaechea, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37, quien seguramente tiene criminales verdaderos que perseguir, delincuentes de esos que roban, estafan, hieren o matan, decidió seguir adelante con la causa penal contra Potel, por una acción que emprendió sin fines de lucro, en beneficio de sus estudiantes y de miles de otros en América Latina.

A la Cámara Argentina del Libro: ya está. Ya hemos entendido que su avaricia no tiene medida, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar sus privilegios, y que no están dispuestos a aceptar ninguna responsabilidad a cambio. Nos queda claro, y confiamos en que, tarde o temprano, la sociedad será lo suficientemente sabia como para quitarse de encima la carga inútil que ustedes representan. Mientras tanto, dejen a Horacio en paz, de una vez. Él no tiene la culpa de sus desventuras. Si quieren encontrar al culpable de que nadie quiera comprar sus productos, no busquen afuera: mírense al espejo.

Acerca de la así llamada “protección de la propiedad intelectual” y de los proyectos que se están presentando en el Congreso Nacional para recaudar dinero en concepto de canon por copias digitales, trata este artículo de Federico Heinz en el sitio web de la Fundación Vía Libre. Comienza así:

Si hay algo que no se puede negar de los maximalistas del derecho de autor, es que son perseverantes.
Hace poco más de un año, cuando un grupo de una “unión de músicos independientes” se acercó al diputado Claudio Morgado (Frente para la Victoria) con una propuesta de ley que incluía la recaudación de un “Canon Digital”, la reacción en contra fue tan clara que inmediatamente (y sin siquiera avisarle a Morgado, que había puesto la cara por ellos) eliminaron ese elemento de la propuesta.

Pero oponerse a este tipo de iniciativas tiene mucho en común con luchar contra zombies: no importa cuantas veces uno las mate, siguen avanzando.
Viendo que las tratativas con un legislador “del palo mediático” salieron mal, esta vez buscaron uno que tuviera una trayectoria conocida de apoyo a las políticas corporativas, y lo encontraron en el Senador Nacional Daniel Filmus (también del Frente para la Victoria). A la hora de encontrar alguien que no dude en impulsar intereses comerciales en detrimento de la ciudadanía, ¿quién mejor que una persona que, cuando Ministro de Educación, firmó contratos confidenciales con Microsoft para poner en sus manos la educación informática de nuestros niños?

Así, esta vez fueron los mismos “dueños de la cultura” los que se reunieron con el senador Filmus: la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). Seguramente apelando al cholulismo del que viene haciendo gala la cúpula del gobierno, fueron representados por un grupo de famosos que incluía a Atilio Stampone, Jorge Marrale, Pepe Soriano, León Gieco y Tito Cossa.
La idea detrás del proyecto es simple: como la tecnología digital puede usarse para confeccionar copias de obras de las que estas organizaciones se sienten más dueñas que los propios autores(recordemos por ejemplo aquella vez que SADAIC se presentó a cobrar los derechos de autor por el uso de música compuesta por Pino Solanas en una película del mismo Pino Solanas, y que pretenden cobrar aunque los derechos de autor de la obra hayan expirado, o el autor mismo haya renunciado explícitamente a cobrar por ellos), ahora pretenden que el gobierno les autorice a cobrar un cierto porcentaje del precio del equipamiento e insumos informáticos (de computadoras, discos fijos, impresoras, reproductores de audio, cámaras digitales y teléfonos celulares a cartuchos de toner, CD-ROMs y memorias flash) para “compensar las pérdidas” producidas por el criminal comportamiento de personas que filman a su hijo tocando “Sólo le Pido a Dios” sin pagar por ello.
Quizás el aspecto más desagradable de este episodio sea ver a “artistas comprometidos” como León Gieco pidiendo al gobierno que recurra a la coerción estatal para sacarle dinero a la gente con tal de que no se seque la canilla de dinero de temas que escribieron hace veinte años. A esta hipocresía se agrega el cinismo de hacerlo “en nombre de los artistas”: con esta medida, no sólo se encarece obtener copias de obras del mismo Gieco, sino también de bandas nuevas, que deliberadamente alientan la copia de sus temas, con el fin de obtener promoción. Gieco y sus amigos están acostumbrados a cobrar una tajada de toda fiesta que se celebre en el país, independientemente de si su música suena en ella o no. ¿Es sorprendente que ahora quieran cobrar una tajada de cada computadora y cada CD que se compre en el Hospital Garraham?
Según el propio sitio web del senador Filmus, el proyecto sería presentado en marzo, habiendo sido redactado con la participación de las gestoras colectivas, pero sin ninguna participación de organizaciones de defensa de los derechos del consumidor y del ciudadano.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.León Gieco, probablemente hablando de León Gieco

Publicado en el sitio de la Fundación Vía Libre el 6 de Febrero de 2009.